Carlos Correa, director de la asociación civil Espacio Público, denunció que Diosdado Cabello es una de las personas que se dedican a hostigar verbalmente

La libertad de expresión es un derecho que permite testear la calidad de la democracia. Sin embargo, en Venezuela está siendo vulnerada debido a una progresiva descalificación por parte de altos funcionarios públicos de periodistas y medios de comunicación, lo cual ha generado hechos violentos. Esta es la opinión que expresó Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, comunicador, emprendedor social, profesor universitario y defensor de derechos humanos.

Espacio Público es una asociación civil sin fines de lucro, no gubernamental, independiente, que tiene como finalidad promover y defender los derechos humanos, monitorear la situación y mejorar el perfil de la sociedad venezolana. “Estamos promoviendo un conjunto de valores que son transversales al conjunto de la sociedad”, aseguró Correa.

—¿Cuál es el mayor daño que se le hace a una sociedad cuando no hay libertad de expresión ni acceso a la información?

—Básicamente la libertad de expresión está asociada a la libertad de pensamiento, de expresarte y de hacer escrutinio sobre lo público, de debatir y de cuestionar la autoridad. Se le hace mucho daño a la sociedad cuando se vulnera el acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión porque se reducen las posibilidades, incluso en la realización de otro derecho. Se vulnera la dignidad. La dignidad de una persona no puede dividirse, no puede segmentarse. Yo te doy de comer pero te quito la palabra.

—¿Cuáles considera que son los enemigos principales de la libertad de expresión en Venezuela?

—En Venezuela hay una política de Estado en contra de la libertad que se traduce en una progresiva descalificación pública a periodistas y medios de comunicación, la cual está asentada en ubicarlos como enemigos, traidores, antidemocráticos y fascistas, es decir, calificativos que los demonizan e intentan colocarlos como una especie de antivalor frente al conceso de la sociedad. Esa lógica de descalificación ha tenido hechos violentos contra periodistas y mucha impunidad. ¿Dónde están los principales factores? El Ejecutivo Nacional, con todas sus implicaciones, y el Poder Judicial. Y hasta hace poco también la Asamblea Nacional que estaba haciendo leyes restrictivas o que no garantizaban el derecho.

—¿Qué opina sobre las declaraciones descalificativas de altos funcionarios públicos?

—Hay una visión militarizada del debate político, la cual no reconoce que la sociedad es plural y diversa sino que piensa que el país es un cuartel, en el que un soldado no puede cuestionar al que está arriba, incluso es castigado severamente. Diosdado Cabello es una de las personas que sistemáticamente se dedica a la descalificación de manera interpersonal. Es una visión que procura inhibir y generar terror en los periodistas y medios de comunicación. De hecho, muchos medios tienen prohibido mencionar a Diosdado para bien o para mal.

—¿Qué opina sobre los ataques a los periodistas que han participado en los Papeles de Panamá?

—El viceministro de información y comunicación envió un comunicado cuando empezaron a salir los Papeles de Panamá: “Vamos a cuestionar a los periodistas y a unas supuestas organizaciones que serían las que estarían detrás de los Papeles de Panamá. ¿Cuál es el problema? Esa respuesta está asociada a que no quieren que se sepa que gente cercana al poder podría haber traficado o gestionado enormes recursos que son injustificables.

—¿Qué importancia cree usted que tiene el informe presentado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)?

—Básicamente el primer componente es que es un órgano de protección. El segundo es que otros referentes, otros organismos ven allí una información que es confiable, que ha sido contrastada. Entonces, tiene mucha credibilidad en otros gobiernos, países y organizaciones. Para las víctimas es importante ya que hay una posibilidad de justicia cuando ven sus casos presentados en el informe.

—¿Qué nos hace falta para considerarnos un país respetable en materia de libertad de expresión?

—La primera cosa es que exista una política pública real, normas ajustadas a los estándares internaciones, que el ejecutivo tenga una política de transparencia pública, real y genuina, que se respete a los periodistas, que haya declaraciones públicas en relación a este tema y que también se oriente a que efectivamente la sentencia de muchos de los tribunales se revierta.

—¿Espacio Público ha sido víctima de declaraciones descalificativas?

—Claro. Hay un patrón que básicamente es para todo tipo de organización con criterio propio e independiente, la cual será cuestionada. La lógica es: “Estás conmigo o estás contra mí”.

—Sobre esto último, ¿algún caso?

—Sacaron una información diciendo que nosotros habíamos sido los que estábamos detrás del financiamiento de la investigación periodística de los Papeles de Panamá. No tenemos nada que ver con eso. También hace dos semanas dijeron que nosotros éramos el brazo mediático de las bandas criminales que hay en Venezuela.

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